Recientemente, se desató una controversia tras la presentación oficial en la que se exhibieron nombres y cuentas de periodistas y medios críticos hacia el gobierno, como ejemplo de cómo ciertos mensajes se amplifican en redes sociales. Aunque algunos calificaron esta acción como una “lista negra”, el gobierno aclaró que fue un análisis del ecosistema digital y la circulación de contenidos.
Este episodio plantea una cuestión esencial para la libertad de expresión: no siempre es necesario prohibir directamente una manifestación para que esta se vea afectada. Existe un fenómeno llamado “efecto inhibidor” o “chilling effect”, donde el miedo a las posibles repercusiones desestimula a quienes desean expresarse o informar con libertad.
Por ejemplo, un periodista que investiga corrupción puede no estar censurado formalmente, pero al ver que compañeros fueron señalados públicamente por autoridades, puede dudar antes de publicar. De igual manera, demandas legales abusivas o procesos judiciales largos y costosos pueden intimidar a reporteros y desalentarlos a continuar con denuncias. En ninguno de estos casos se prohíbe hablar expresamente, pero el costo que implica ejercer ese derecho se vuelve demasiado alto.
Es importante distinguir que el derecho protege el derecho a réplica, a defender el honor y a rebatir informaciones falsas, tanto para autoridades como para particulares. No obstante, la línea se cruza cuando, por la intensidad, recurrencia o desproporción de esas respuestas, se genera un ambiente donde la expresión libre se ve limitada por el temor a consecuencias negativas. México necesita una doctrina clara sobre este efecto que confirme cuándo se ejerce legítimamente el derecho y cuándo se ejerce una presión que socava una sociedad abierta y plural.
En palabras de Carlos Enrique Odriozola Mariscal, abogado y activista: “La censura más difícil de combatir es la que no parece censura. Nadie te prohíbe hablar. Simplemente consigue que prefieras guardar silencio.”
