La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retomó su competencia para resolver un amparo que permitirá definir la constitucionalidad de la eutanasia y el suicidio asistido en México, prácticas actualmente prohibidas por la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y las normativas de la Ciudad de México. El caso que motivó este proceso fue presentado por una tanatóloga diagnosticada en dos ocasiones con cáncer de mama, quien se encuentra bajo tratamiento médico.
El máximo tribunal considera que este recurso ofrece la oportunidad de establecer un criterio renovado en torno a los derechos de personas con enfermedades terminales, incluyendo los cuidados paliativos que reciben. La discusión también abordará si es constitucional que el marco legal sancione a quienes reclaman autonomía para decidir cómo y cuándo concluir su vida, mientras el Estado solo reconoce como salida válida la muerte natural.
Algunos ministros recordaron que países como Países Bajos, Bélgica, Canadá, Suiza y Colombia —este último pionero en América Latina en aprobar la eutanasia en 1997 y el suicidio médicamente asistido en 2022— ya han avanzado en la regulación de este tema. En Europa, Alemania e Italia también han emitido resoluciones que permiten el suicidio asistido en ciertos casos.
En México, activistas como Samara Martínez y organizaciones como Derecho a Morir con Dignidad han promovido durante años una legislación para garantizar una muerte digna. Según una encuesta reciente, siete de cada diez mexicanos apoyan la opción de adelantar la muerte cuando una persona enfrenta dolores intensos que deterioran su calidad de vida. Con la votación en mayoría y una oposición, la ministra María Estela Ríos, el pleno asignó a un integrante la elaboración del proyecto de resolución para este debate de alto impacto social y jurídico.
