En México, el debate fiscal suele centrarse en si los contribuyentes pagan demasiado o muy poco, o si la autoridad ejerce una fiscalización excesiva. Sin embargo, existe un problema menos visible y de gran relevancia: las deducciones fiscales permitidas por la ley se basan en montos que ya no reflejan la realidad económica actual. Esto significa que la legislación fiscal reconoce gastos necesarios para operar, pero fija topes que resultan insuficientes ante el costo real de hacer negocios.
Un ejemplo claro se observa en las deducciones por vehículos empresariales. Aunque para muchas compañías un automóvil es indispensable para supervisar proyectos, atender clientes o distribuir productos, la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) limita la deducción de inversiones en automóviles a 175,000 pesos. Esta cifra, establecida en 2013, ya no se condice con los precios presentes: simplemente no es posible adquirir vehículos funcionales y nuevos que cumplan con las necesidades operativas de muchas empresas dentro de ese rango.
Si se actualizara ese límite conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), debería situarse alrededor de 305,000 pesos debido a la inflación acumulada desde 2013. Esto evidencia cómo mantener límites nominales estáticos crea una desconexión entre la ley y la realidad del mercado, afectando la capacidad de las empresas para deducir gastos legítimos. Casos similares se presentan con arrendamientos, viáticos y gastos asociados a vuelos empresariales, cuyos topes fijados no han evolucionado de acuerdo a incrementos inflacionarios o a la dinámica económica actual.
Este desfasaje impacta especialmente a micro, pequeñas y medianas empresas, que no cuentan con la capacidad financiera para absorber los costos que la ley no les permite deducir, traduciéndose en un impuesto efectivo sobre utilidades que no reflejan la realidad económica. Por ello, la revisión y actualización de estos límites debe considerarse una cuestión de justicia tributaria y economía real, no un privilegio para los contribuyentes. Un sistema impositivo moderno debe reconocer con precisión cuánto cuesta generar riqueza, para no penalizar la inversión, movilidad y crecimiento empresarial.
