La Corte Suprema de Brasil estableció nuevas normativas para regular la actuación de las redes sociales en el país, definiendo que estas deben contar con un representante legal y una sede física en Brasil. Esto responde a la decisión del máximo tribunal, tomada en junio de 2025, que atribuyó responsabilidad civil y penal a plataformas como Facebook, Instagram y X por contenidos ilícitos publicados por terceros. De acuerdo con las nuevas reglas, las plataformas están obligadas a retirar contenidos ilegales desde que reciben la notificación, sin necesidad de esperar una orden judicial.
Tras analizar diversos recursos presentados por las compañías tecnológicas, el tribunal concluyó que la presencia legal de estas empresas en Brasil permite una mejor supervisión y cumplimiento de las decisiones judiciales, además de facilitar la aplicación de eventuales sanciones. Brasil otorgó un plazo de 60 días para que las plataformas adopten las medidas necesarias para cumplir con estas disposiciones y para que implementen sistemas preventivos que limiten la circulación masiva de materiales ilícitos.
Entre los tipos de contenidos que deben eliminarse con rapidez destacan los mensajes contrarios a la democracia, que inciten al terrorismo, al suicidio o a la violencia contra las mujeres, así como el racismo y la pornografía infantil. No obstante, el tribunal aclaró que la responsabilidad de las plataformas solo se activa cuando exista una ‘‘falla sistémica’’ en sus mecanismos de control y no por la simple aparición de un post ilegal. Además, se incorporó una salvaguarda para que las empresas puedan evitar sanciones si prueban la existencia de dudas razonables sobre la ilegalidad de un contenido.
El reglamento también establece la responsabilidad solidaria de las redes cuando no actúen contra cuentas falsas o frente a la difusión artificial masiva de contenido ilegal. Asimismo, deberán desarrollar sistemas de autorregulación, ofrecer atención a usuarios y público en general y publicar informes periódicos de transparencia. Con esta resolución, Brasil busca fortalecer el control de la información en las plataformas digitales y proteger al público frente a contenidos dañinos e ilegales.
