
Este 1 de agosto comenzó la prórroga del registro telefónico en México, focalizada en las líneas prepago que terminan en 0. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) decidió ampliar los plazos para evitar una desconexión masiva inmediata, aunque mantiene la suspensión del servicio para quienes no cumplan con el trámite en las nuevas fechas establecidas. Actualmente, existen alrededor de 85 millones de números aún sin registrar, tras vincularse poco más de 68 millones a finales de julio.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones reporta que únicamente 43.3% de las líneas móviles activas han sido registradas, lo que revela la complejidad que enfrenta esta medida. La resistencia de algunos usuarios radica en la preocupación por la protección de sus datos personales y la eficacia del registro para combatir la extorsión telefónica, generando desconfianza que se manifiesta especialmente en redes sociales.
El presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Jorge Bravo, advierte que aunque esta etapa de prórroga permitirá afinar el proceso, es necesario que las autoridades comuniquen claramente las fechas límite para evitar afectaciones innecesarias. Además, señaló que persisten dudas sobre el manejo y resguardo de información personal, y criticó que algunas empresas hayan vinculado líneas usando datos almacenados sin solicitar consentimiento renovado.
Aun con la prórroga, un análisis de Banamex estima que para fin de año podrían desconectarse cerca de 26 millones de líneas prepago no registradas, lo que implicaría pérdidas para la industria de telecomunicaciones cercanas a 1,900 millones de pesos mensuales. Para mitigar el impacto, la CRT ha solicitado que las empresas de telefonía informen a los usuarios mediante mensajes SMS sobre las fechas límite para completar su registro y ha ampliado el plazo para suspender líneas no registradas de 24 a 72 horas, con el fin de reducir errores y ofrecer mayor margen para la regularización. Sin embargo, la política pública y su capacidad para luchar contra la extorsión telefónica continúan siendo motivo de debate.



































































































