Entre 2013 y 2023, México registró un total de 1,037,910 personas desplazadas internamente debido a desastres naturales vinculados con el cambio climático y fenómenos geológicos. Este fenómeno de desplazamiento forzado ya no se limita a situaciones de violencia, sino que se ha convertido en una crisis humanitaria derivada del aumento en la frecuencia e intensidad de huracanes, inundaciones, sequías e incendios forestales. Estas cifras forman parte del Diagnóstico Nacional sobre Desplazamiento Forzado elaborado por el Consejo Nacional de Población (Conapo) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
El año con mayor incidencia fue 2023, cuando se registraron 285,864 desplazamientos, en gran medida a consecuencia del huracán Otis. En contraste, 2016 presentó la cifra más baja con 16,427 personas desplazadas. La mayoría de los casos se concentraron en fenómenos hidrometeorológicos como huracanes, ciclones e inundaciones.
A pesar de que México ha fortalecido su sistema de protección civil desde los terremotos de 1985, aún carece de una política integral y un marco jurídico federal especializado para atender el desplazamiento interno inducido por causas climáticas y desastres naturales. Actualmente, sólo algunos estados como Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas cuentan con leyes específicas en la materia, mientras que a nivel federal no se ha aprobado una Ley General sobre desplazamiento interno.
El diagnóstico subraya que este desplazamiento es producto de múltiples causas, donde confluyen la pobreza, desigualdad, violencia, falta de ordenamiento territorial y cambio climático. Además, muchas personas enfrentan una doble crisis al quedar atrapadas entre la violencia y los efectos de los desastres naturales, complicando su retorno y recuperación. Ante esta realidad, se exhorta a fortalecer las políticas de prevención, actualización del atlas de riesgos y a diseñar una estrategia nacional que aborde de manera integral este fenómeno para garantizar soluciones duraderas para los afectados.
