
El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara una propuesta presupuestal para el año 2027 que contempla un gasto total de 36,114 millones de pesos. Este presupuesto incluye recursos para la organización del Proceso Electoral Federal (PEF) de 2027, el inicio de los preparativos para la elección judicial de 2028, así como para mantener las operaciones ordinarias del organismo.
Este anteproyecto de presupuesto se dividirá en dos grandes rubros principales. Por un lado, el presupuesto base, destinado a cubrir gastos corrientes como salarios, servicios y arrendamientos, suma 14,036 millones de pesos. Por otro lado, la cartera institucional de proyectos, que contempla la ejecución de procesos electorales, la emisión de credenciales para votar y otras actividades esenciales, está presupuestada en 17,395 millones de pesos.
Solo para el Proceso Electoral Federal 2027, el INE espera contar con 13,453 millones de pesos, cifra superior a los 8,803 millones destinados en 2024 para las elecciones presidenciales y legislativas. Además, el documento incluye una partida precautoria de 4,682 millones de pesos en caso de que se realice una consulta popular en el mismo año.
El monto total solicitado se complementa con aproximadamente 11,000 millones de pesos adicionales para el financiamiento público y campañas de los ocho partidos políticos nacionales, recursos que se entregan directamente a los partidos, pero forman parte del presupuesto aprobado por el INE. En suma, la solicitud presupuestal total podría ascender cerca de 47,000 millones de pesos. Cabe destacar que en la última década, la Cámara de Diputados ha aplicado recortes significativos a las solicitudes presupuestales del INE, entre ellos una reducción de 13,000 millones en 2025, a pesar de celebrarse por primera vez la elección judicial.
Para 2027, el INE también planea destinar recursos a la preparación anticipada de la elección judicial de 2028, incluyendo la contratación de bienes y servicios indispensables para dicho proceso. La propuesta deberá ser aprobada por el Consejo General antes de enviarse a la Cámara de Diputados para su estudio y autorización.



































































































