El informe de seguridad presentado por el gobierno muestra reducciones relevantes en indicadores de violencia, pero el análisis revela límites para atribuir esos descensos a la nueva arquitectura institucional. El documento reporta un promedio diario de 448.8 delitos de alto impacto en 2026 contra 969.4 en 2018, una reducción del 54%, y señala que en julio de 2026 el promedio fue 33% menor que en octubre de 2024. Además, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 42.5 en julio de 2026, una caída de 51%.
Esos números son significativos, pero el informe utiliza información preliminar al 31 de julio de 2026 para construir 2026, por lo que las comparaciones con años cerrados requieren cautela. El autor de la columna subraya que una caída en las cifras no demuestra por sí misma que cada componente de la estrategia —inteligencia, despliegues, coordinación, detenciones y aseguramientos— sea causalmente responsable del descenso. No hay un diseño de evaluación que explique cuánto aportó cada intervención ni dónde funcionó mejor.
El propio balance reconoce logros operativos: 31,191 detenidos por delitos de alto impacto; aseguramientos de más de 81 toneladas de metanfetamina, 82 de marihuana, 43 de cocaína; más de 16,000 armas y más de 32,000 vehículos. La Operación Frontera Norte reporta 10,295 detenidos, 109 toneladas de droga, 6,143 armas y más de 1.5 millones de cartuchos asegurados. No obstante, la columna advierte que el peso de droga y el número de detenidos no informan sobre la calidad de las investigaciones, cuántos casos llegaron a juicio ni cuántas sentencias se obtuvieron.
También hay una dimensión territorial que modera el optimismo: entre enero y julio de 2026 siete entidades concentraron 49% de las víctimas de homicidio doloso. Guanajuato encabezó con 884 víctimas, seguido por Baja California con 847, Chihuahua con 832, Sinaloa con 735 y Michoacán con 488. El análisis concluye que existen señales reales de mejora —especialmente en homicidio— pero que no es posible afirmar que el modelo institucional funcione plenamente; quedan dudas sobre sostenibilidad, cobertura territorial y la capacidad del sistema de justicia para cerrar el ciclo.
