El reglamento de la Ley General de Economía Circular, cuya publicación a nivel federal aún está en construcción, enfrenta críticas de organizaciones ambientalistas que piden endurecer sus disposiciones para evitar que la norma se limite a compensaciones ambientales en lugar de prevenir residuos y contaminación desde el origen. Greenpeace, Acción Ecológica y El Poder del Consumidor demandan que el texto aclare responsabilidades y cierre lagunas legales.
Las organizaciones advierten que la figura de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), incluida en la ley publicada el 19 de enero de 2026, corre el riesgo de cumplirse mediante medidas de compensación —como reforestación o restauración— sin que los productores modifiquen diseño, producción o manejo de residuos. Viridiana Lázaro, especialista de Océanos y Cambio Climático de Greenpeace México, señaló que el cumplimiento debe implicar que la empresa “se haga cargo de los residuos de los productos que está generando”.
Otro foco de preocupación es la inclusión de la termovalorización —quema de residuos para generar energía— como forma reconocida de aprovechamiento. Larissa de Orbe, de Acción Ecológica, advirtió que la ley ya abre la puerta a procesos altamente contaminantes y pidió que, de mantenerse, la termovalorización sea solo “el último recurso después de agotar alternativas como la reducción, reutilización, reparación y reciclaje”. Las organizaciones también alertan sobre la posible adopción de pirólisis y otras valorizaciones energéticas en los denominados Polos de Economía Circular para el Bienestar (PODECOBI).
Además, llaman la atención sobre las sustancias químicas presentes en materiales reciclados: advierten que mantener un material dentro del ciclo productivo no garantiza la eliminación de compuestos peligrosos y solicitan que el reglamento incorpore criterios de trazabilidad química y transparencia para consumidores. Finalmente, cuestionan el mecanismo del Distintivo Nacional de Economía Circular, que se basará en auditorías ambientales voluntarias y convenios de implementación, por considerar que podría favorecer prácticas de autoauditoría industrial y permitir “greenwashing”.
El retraso en la publicación del reglamento —cuyo plazo legal venció en julio— es, para las organizaciones, una última oportunidad para definir procedimientos, límites y criterios que aseguren que la política pública reduzca la extracción de recursos, minimice la generación de residuos y elimine progresivamente sustancias peligrosas.
