Un informe elaborado por Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe y el Observatorio Infancia Latina estima que cerca de 165,081 hijas e hijos podrían estar vinculados con personas desaparecidas o no localizadas en México. El cálculo se obtiene a partir de 103,176 personas de entre 15 y 49 años reportadas como desaparecidas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) en agosto de 2026 y de un indicador de 1.60 hijas e hijos por persona tomado de la ENADID 2023.
El documento, divulgado antes del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (30 de agosto), advierte que el Estado no cuenta con información suficiente para identificar cuántas niñas, niños, adolescentes y adultas/os están en esta condición ni sus necesidades específicas. El RNPDNO registra a las personas desaparecidas pero no publica relaciones familiares, lo que impide saber edades de los hijos, quién se encarga de su cuidado o si reciben apoyos.
Tejiendo Redes subraya que la desaparición altera cuidados, ingresos familiares, continuidad escolar, salud, seguridad, vivienda y vínculos comunitarios. El informe recoge además evidencia cualitativa —incluida la de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León— sobre impactos como miedo, afectaciones al rendimiento escolar, acoso, trámites institucionales insensibles y barreras para acceder a apoyos.
Para responder al vacío, la propuesta plantea activar una ruta institucional protegida al notificarse una desaparición, coordinando al Sistema Nacional de Búsqueda, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y SIPINNA, sin crear una base pública de datos sensibles. La ruta contempla cinco etapas: identificación, valoración, activación, continuidad y rendición de cuentas, con criterios de minimización de datos, accesos diferenciados, seguridad digital y mecanismos de rectificación. El informe también enfatiza que los efectos de la desaparición pueden prolongarse más allá de la mayoría de edad y que las políticas deben reconocer a estas personas como una población diferenciada con derechos específicos.
