El gobierno de Quintana Roo, encabezado por la gobernadora Mara Lezama, adjudicó contratos por más de 150 millones de pesos a al menos cinco empresas que, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), comparten socios, apoderados o domicilios con Tabasco Capital, compañía señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) por facturar hidrocarburos ilícitos.
Los contratos, otorgados entre 2023 y 2024, correspondieron a obras de infraestructura como alumbrado, señalética, parques, canchas, escuelas y proyectos urbanos. Entre los proyectos aparece la ampliación y renovación del Parque de Las Palapas en Cancún, que inicialmente se adjudicó a Construindustrial y de Servicios SIMMA por cerca de 26.5 millones de pesos y cuyo costo final superó los 44 millones. SIMMA concentró el mayor monto de contratos públicos en el periodo analizado; también obtuvo 16.9 millones para la rehabilitación del parque de Villas del Sol en Playa del Carmen.
La FGR identificó a Tabasco Capital como una empresa utilizada para facturar productos obtenidos ilícitamente; durante un cateo en Querétaro, el 22 de febrero de 2025, se aseguró documentación relacionada con la compañía. La pesquisa documenta además transferencias de Tabasco Capital a Jacobo Reyes León, señalado como operador de la red vinculada con Raúl Rocha Cantú, y menciona a otras personas vinculadas al presunto esquema, como Daniel Roldán Morales.
MCCI también documentó que varias de las firmas contratadas —entre ellas Construservicios ESL, Constructora 112029 y SIMMA— participaron en la misma licitación en Tulum pese a compartir domicilios y representantes, lo que sugiere simulación de competencia. Además, se detallan cruces societarios: Daniel de la Flor López aparece como accionista mayoritario y administrador único de Tabasco Capital y tuvo cargos en Construservicios ESL y AF Instalaciones; Adrián León Ayala fue gerente de SIMMA y socio fundador de Tabasco Capital; Hugo Carmona Velázquez figura como apoderado de Construservicios ESL y socio en SIMMA.
La investigación señala también vínculos comerciales de SIMMA con empresas de otros estados investigadas por huachicol fiscal, así como conexiones con proveedores sancionados internacionalmente. Estos hallazgos suman presión política sobre la gobernadora, en un contexto en el que se han difundido además datos sobre viajes privados realizados por Lezama en los últimos dos años. No se registran en el material recibido respuestas oficiales del gobierno estatal a las imputaciones atribuídas a MCCI y la FGR.
