Este 1 de septiembre se cumple un año desde la instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia, cuyos nueve ministros llegaron por voto popular por primera vez en la historia. El autor plantea que, además de evaluar las decisiones y el desempeño judicial, queda pendiente una cuestión clave: las irregularidades que rodearon la elección de 2025 y sus consecuencias jurídicas.
La elección del 1 de junio de 2025 estuvo marcada por la presencia de “acordeones”, materiales físicos y digitales que indicaban a los electores los números de determinadas candidaturas. La Misión de Observación Electoral de la OEA documentó que las nueve candidaturas con más votos fueron promovidas en alguno de esos acordeones. No obstante, esa constatación no identifica quién produjo, financió o distribuyó esos materiales ni cuantifica su impacto electoral.
El asunto llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde un proyecto propuso anular la elección al considerar acreditada una operación sistemática de propaganda prohibida; la mayoría, sin embargo, validó los resultados. A nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupaciones previas sobre la reforma y, en el caso del autor —quien fue candidato en esa elección— pidió el reestudio de una determinación inicial que, hasta ahora, permanece pendiente.
La postergación de la próxima elección judicial de 2027 a 2028 ofrece una ventana para esclarecer quién organizó y financió los acordeones, cómo se distribuyeron y qué consecuencias jurídicas deben derivarse de una operación de esa naturaleza. Si para 2028 no se responden esas preguntas, advierte el autor, se habrá desperdiciado la oportunidad de corregir deficiencias del proceso que afectaron la legitimidad de origen de un tribunal constitucional.
