El segundo informe de gobierno en materia de seguridad apuesta por un cambio de enfoque: pasar del patrullaje y la interdicción a modelos basados en inteligencia e investigación, escribe Alberto Guerrero Baena. En el documento se reportan detenciones, aseguramientos y la creación de infraestructura técnica —como modelos nacionales para academias, unidades de investigación criminal y centros de comando— que, en el papel, representan un avance institucional.
El autor destaca, sin embargo, que los resultados presentados aún no prueban que la transformación golpee al crimen organizado en su dimensión financiera y territorial. Como ejemplo, el informe exhibe cifras de la Operación Frontera Norte —más de 109 toneladas de droga, 6,143 armas y más de 1.5 millones de cartuchos asegurados en menos de once meses— y contabiliza 31,191 detenidos por delitos de alto impacto, pero no aporta el denominador que permita medir cuánto representan esos aseguramientos frente al flujo criminal total ni la tasa de condenas o reincidencia de los detenidos.
Guerrero Baena subraya la ausencia de información sobre inteligencia financiera: datos sobre cuentas bloqueadas, empresas fachada, beneficiarios finales, decomisos de activos y extinción de dominio aparecen con escasa presencia en el balance. El autor cita además coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, Hacienda y Pemex, y reporta 50 reuniones con agencias estadounidenses como FBI, DEA, ATF, ICE y CBP; no obstante, advierte que reuniones y capacitaciones no equivalen automáticamente a investigaciones binacionales concluyentes, desarticulaciones o recuperación de activos.
El artículo resalta también la medición de la extorsión como prueba del nuevo modelo: el periodo registró 227,365 llamadas a los servicios 089 (212,237) y 088 (15,128); en 2026, 87.9% correspondió a intentos no consumados y 12.1% a extorsiones consumadas. El columnista advierte que llamadas atendidas no necesariamente significan investigaciones judicializadas ni resultados penales, y plantea la necesidad de indicadores que midan interoperabilidad de sistemas, calidad de datos, trazabilidad de las investigaciones y el impacto en la prevención, la reparación del daño y la recuperación económica.
