La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que impide a partidos de oposición postularse a cargos de elección popular. Gustavo Porras, presidente del parlamento, afirmó que la Cámara “aprobó por unanimidad” la iniciativa, impulsada por el presidente Daniel Ortega y la copresidenta Rosario Murillo.
La reforma también modifica la duración del mandato presidencial, que pasaría de seis a siete años. La medida todavía no entra en vigor: la legislación nicaragüense exige la aprobación en dos legislaturas distintas para que una reforma constitucional sea válida. La segunda ratificación está prevista para comenzar en enero de 2027.
El anuncio ocurre en un contexto de tensión regional: el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución para convocar “tan pronto como sea posible” a una Reunión de Consulta de ministros de Relaciones Exteriores con el fin de analizar la situación en Nicaragua y evaluar acciones conjuntas. En julio, durante un acto oficial por la conmemoración sandinista, Ortega dijo que “aquí no volverá a haber elecciones” para que la oposición intente “atrapar el gobierno, atrapar el poder”, frase que precedió la iniciativa legislativa.
La reforma avanza ahora hacia su segundo debate en la Asamblea. Si se ratifica en la próxima legislatura, cambiaría la estructura de competencia electoral en el país y ampliaría la duración del mandato presidencial, con posibles implicaciones en la relación de Nicaragua con organismos regionales y países que han manifestado su preocupación por la erosión de procesos democráticos en la nación.
