La liquidación de CiBanco en 2025 marcó un momento decisivo para la percepción de seguridad en los fideicomisos dentro del sistema financiero mexicano. Tradicionalmente considerados estructuras seguras para proteger el patrimonio, estos instrumentos demostraron vulnerabilidades cuando el fiduciario incumple con sus responsabilidades legales.
El detonante fue la intervención de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos, que aisló a CiBanco del sistema financiero global. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) respondió con medidas que incluyeron la revocación de la licencia bancaria, la intervención gerencial y la liquidación mediante el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Sin embargo, la complejidad aumentó al observar que CiBanco también fungía como fiduciario de varios fideicomisos, entre ellos el CIB/2346, ligado a un proyecto con Pemex Exploración y Producción.
Este fideicomiso administraba los flujos financieros derivados del contrato de compresión de gas y se esperaba que su patrimonio permaneciera intacto e independiente del balance del fiduciario. No obstante, desde 2016, el CIB/2346 enfrentó conflictos legales, incumplimientos y decretos judiciales que ordenaron retenciones y ajustes en la entrega de recursos. CiBanco reconoció haber cumplido instrucciones de uno de los fideicomitentes, lo que resultó en la ausencia de fondos para obligaciones judiciales, generando dudas sobre el cumplimiento del deber fiduciario.
Adicionalmente, un tribunal federal estadounidense ordenó al Bank of New York Mellon entregar información sobre las transacciones del fideicomiso, revelando movimientos inusuales y cuestionables en relación con el objetivo del fideicomiso. Este hecho añade un nivel internacional a la problemática, vinculándola con normativas de prevención de lavado de dinero y debida diligencia. Ahora, el IPAB enfrenta el reto de gestionar las consecuencias de decisiones fiduciarias que no originó, dejando en evidencia que la seguridad de los fideicomisos depende fundamentalmente del comportamiento responsable y legal de los fiduciarios.
