El gobierno mexicano está considerando reactivar la fractura hidráulica, conocida como fracking, con el objetivo de aumentar la producción nacional de gas natural y reducir la dependencia del gas importado de Estados Unidos. Este método consiste en perforar pozos y fracturar formaciones rocosas no convencionales para extraer gas atrapado, utilizando grandes volúmenes de agua mezclada con químicos y arena a alta presión.

Sin embargo, esta técnica genera preocupación debido a sus potenciales impactos ambientales. Entre los principales riesgos se encuentran la contaminación de aguas subterráneas y suelos por sustancias tóxicas y metales pesados, además de las elevadas emisiones de metano, un gas de efecto invernadero con alto potencial de calentamiento global. Asimismo, la operación de fracking puede originar sismos inducidos por la inyección de aguas residuales en el subsuelo, contaminación acústica y la afectación al paisaje y la biodiversidad local.

Especialistas señalan que la fractura hidráulica demanda entre 20 y 30 millones de litros de agua por pozo, lo que en regiones con estrés hídrico, como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, podría afectar la disponibilidad de este recurso vital. Además, para mantener la producción es necesario perforar numerosos pozos distribuidos en grandes áreas, con un impacto territorial considerable.

Ante estas preocupaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un comité de expertos conformado por académicos del IPN, UNAM y otras universidades, quienes evaluarán la factibilidad técnica y ambiental del fracking en México. La mandataria destacó que este análisis permitirá identificar las zonas más adecuadas para su implementación y avanzar con consultas sociales para tomar una decisión informada y responsable frente a la soberanía energética del país.