La empresa Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, fundada en 2012 por Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, vinculados a la familia del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, obtuvo esta semana un fallo favorable en Canadá contra Petróleos Mexicanos (Pemex). La Corte Suprema de Ontario ordenó al gobierno mexicano pagar una indemnización de 270 millones de dólares debido a la cancelación de contratos de arrendamiento de plataformas petroleras.
Este juicio se remonta a 2017, cuando Oro Negro demandó a Pemex por modificar unilateralmente dichos contratos, desencadenando una serie de litigios civiles y mercantiles. La reciente resolución canadiense revierte un laudo de 2024 bajo el marco del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que previamente había rechazado las reclamaciones de Oro Negro.
Sin embargo, en México la compañía ha enfrentado varios fracasos legales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en febrero que Oro Negro debe pagar alrededor de 194.1 millones de pesos en un litigio fiscal, rechazando su intento de deducir aportaciones para futuros aumentos de capital como créditos para ajuste anual por inflación. El ministro Arístides Rodrigo Guerrero García afirmó que la norma impugnada es constitucional y no genera una desigualdad injustificada.
Además, en 2021 la SCJN negó un amparo que buscaba que el litigio se resolviera por la vía civil y mercantil, señalando que las actividades petroleras son estratégicas y exclusivas del Estado. En ese mismo año, los tribunales confirmaron la legalidad del concurso mercantil y la declaración de quiebra de Oro Negro, decretada en 2019 por incumplimiento con sus acreedores.
Este caso pone en evidencia las complejidades legales nacionales e internacionales que enfrenta Oro Negro y revela los desafíos de los contratos petroleros en México en un sector considerado estratégico por el Estado.
