Las recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) en México han modificado significativamente las obligaciones de las empresas en materia de prevención y atención a la violencia y discriminación laboral. Desde 2019, las compañías debían contar con un protocolo para abordar estas problemáticas; sin embargo, con los cambios implementados en 2026, ahora deben demostrar que esos mecanismos funcionan de manera efectiva y benefician a toda la plantilla.
Originalmente, bastaba con tener un documento que estableciera medidas contra la violencia de género, acoso y discriminación, pero la ley ahora demanda evidencias concretas como registros de capacitación, canales de denuncia accesibles y confiables, políticas claras para actuar ante incidentes, y datos que reflejen mejoras en el ambiente laboral. Esto implica que los protocolos deben formar parte integral de un sistema operativo, inclusivo y funcional para toda la organización.
Además, la definición de trabajo digno incluirá un entorno libre de violencia y discriminación, responsabilizando a todos en la empresa para fomentar un espacio seguro. Un sistema bien estructurado no solo protege a grupos específicos, sino que establece un marco en que cada colaborador conozca conductas aceptables y cuente con garantías de ser escuchado justamente, sin importar su posición o identidad.
Este enfoque cambia el cumplimiento de un requisito formal a la implementación real de un sistema de prevención que proteja tanto a las personas como a la organización, sumando valor al negocio y responsabilidad social. Construir y sostener estos sistemas efectivos es vital para responder a la nueva exigencia legal y promover ambientes laborales justos y seguros.
