La nueva Ley de Infraestructura puesta en marcha por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tiene como propósito principal promover la inversión privada y reactivar el crecimiento económico del país mediante una planeación estratégica y financiamiento de proyectos prioritarios. Sin embargo, expertos en finanzas públicas advierten que aunque esta legislación presenta avances importantes, también conlleva desafíos significativos en materia de transparencia y riesgos fiscales.
Este instrumento legal incluye un esquema renovado de asociaciones público-privadas bajo la denominación de inversiones mixtas, y contempla el establecimiento de un Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura, que será presidido por la propia presidenta y encargado de definir las prioridades de inversión. Además, se incorpora la figura de Vehículos de Propósito Específico, para canalizar recursos mediante fideicomisos u otros instrumentos que pueden facilitar la financiación sin afectar directamente el presupuesto oficial.
Expertos como Úrsula Carreño, consultora senior de infraestructura, apuntan que “está demostrado que sin inversión no hay crecimiento y el Gobierno busca incentivarla”, pero subrayan que es necesario mejorar la asignación de riesgos y la evaluación de pasivos contingentes para proteger las finanzas públicas. Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos en Banamex, considera positiva la intención de incrementar inversión pero resalta que el término “asociaciones público-privadas” ha sido sustituido, en el discurso gubernamental, por asociaciones que se presentan bajo un enfoque social y de bienestar.
Por su parte, Jorge Cano, coordinador de gasto público en México Evalúa, señala un aspecto preocupante en los mecanismos que permiten iniciar procesos de contratación antes de contar con recursos presupuestarios disponibles, lo que podría implicar mayor discrecionalidad y una potencial limitación para la competencia, con riesgos de encarecimiento en los proyectos. Asimismo, se destaca una flexibilización en las reglas fiscales que podría derivar en un crecimiento desbordado del gasto corriente, hecho comentado también por la senadora Claudia Anaya durante la aprobación de la ley.
En cuanto a los vehículos financieros, aunque estos instrumentos permiten flexibilizar la búsqueda de recursos conforme a las condiciones de mercado, no deben interpretarse como mecanismos para eludir la deuda pública, aclarando que si el financiamiento proviene del presupuesto y es gestionado por una entidad pública, sí se contabiliza dentro de la deuda gubernamental.
En suma, la Ley de Infraestructura representa un esfuerzo para dinamizar la inversión y el desarrollo en México, pero requiere una gobernanza sólida, evaluaciones rigurosas y mecanismos de transparencia que equilibren la ambición de crecimiento con la responsabilidad fiscal para evitar presiones fiscales no previstas.
