
Durante décadas, miles de mujeres que venden productos en los vagones del Metro de la Ciudad de México, conocidas como vagoneras, han enfrentado vigilancia constante, persecución y detenciones que en los últimos meses se han intensificado con estrategias oficiales de “limpieza social”. Patricia Martínez, quien ha trabajado como vendedora ambulante durante más de cuarenta años, relata cómo, especialmente durante la inauguración del Mundial de Fútbol, los operativos policiales se han vuelto más estrictos, particularmente en las líneas que conectan con el estadio principal.
Martínez, líder de la asociación civil Leonas en Manada, enfatiza que a pesar de la represión no piensa abandonar la labor porque muchas de ellas subsisten vendiendo en el Metro para alimentar a sus familias. Estas mujeres, señaló, comparten historias de pobreza, abandono estatal y violencia machista, todo ello agravado en un contexto de poca protección social y económica.
Uno de los métodos utilizados para justificar detenciones es el llamado “paneo”, captura mediante cámaras de vigilancia, práctica que ha llevado a arrestos sin pruebas suficientes. Las consecuencias para estas vendedoras pueden incluir multas o detenciones de hasta 20 horas en el Centro de Sanciones Administrativas, conocido popularmente como ‘El Torito’. Desde principios de 2026, el Gobierno de la Ciudad de México ha promovido el retiro de miles de vendedores ambulantes del Centro Histórico y del Metro bajo el argumento de ordenar el espacio público de cara al Mundial.
Martínez cuestiona la contradicción de que un gobierno que se presenta como defensor de los más vulnerables persiga con firmeza a las vagoneras. Tras recientes detenciones, las organizaciones civiles que apoyan a estas mujeres han logrado conseguir su liberación y acompañamiento legal para evitar abusos. Norma Rivera, una vagonera que fue arrestada y liberada, describe el reciente contexto como una intensificación de las tácticas represivas coincidiendo con el evento deportivo global, evidenciando la vulnerabilidad de estas trabajadoras en un escenario de criminalización y exclusión social.



































































































