El gobierno de Estados Unidos ha admitido que el tráfico ilegal de armas desde su territorio fortalece a los cárteles de la droga en México, señalando esta actividad como un factor clave en la construcción de imperios criminales. En la Estrategia Nacional de Control de Drogas para 2026, dada a conocer el 4 de mayo, se establece que reducir el acceso a armamento ilegal disminuirá la violencia y la intimidación que ejercen estas organizaciones.
La estrategia plantea que la capacidad de los grupos delictivos para mantener su poder está directamente relacionada con la obtención de armas ilegales, muchas de las cuales provienen de Estados Unidos. Para combatirlo, el plan incluye el desmantelamiento de las redes de tráfico de armas, manteniendo el respeto a la Segunda Enmienda que protege los derechos de los ciudadanos estadounidenses.
Entre 2013 y 2023, se fabricaron en Estados Unidos más de 113 millones de armas de fuego, principalmente pistolas, revólveres, rifles y escopetas. Para frenar el flujo ilegal hacia México y el Caribe, el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional del Caribe en conjunto con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos coordinarán operaciones para desmantelar las redes de contrabando.
En México, las armas ilegales están vinculadas directamente con la violencia: el 75% de los homicidios cometidos en 2025 se perpetraron con armas de fuego, y se estima que el 70% de estas armas provienen de Estados Unidos. En respuesta, ambos países acordaron el Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, que incluye la iniciativa “Misión Cortafuegos” para interrumpir el tráfico de armas en la frontera común mediante operativos, tecnología de identificación balística y un mayor intercambio de información.
