Un tribunal de Brasil ordenó la suspensión de todos los permisos ambientales de Sigma Mineração SA, filial operativa de Sigma Lithium Corp., y el cese total de las actividades en el proyecto de litio Grota do Cirilo. La medida, dictada el 4 de septiembre, fue solicitada por la Federación de Comunidades Quilombolas del Estado de Minas Gerais, que alegó que la empresa había subestimado la cercanía entre la mina y el territorio tradicional de la comunidad quilombola de Baú.
El fallo establece que el complejo, ubicado en el llamado Valle del Litio de Brasil y uno de los yacimientos de litio en roca dura más grandes del mundo, se encuentra dentro de la zona de influencia directa de la comunidad. El juez Antonio Lucio de Oliveira Barbosa señaló que “el riesgo de daños se deriva del hecho de que el complejo minero opera de forma continua, extrayendo recursos y llevando a cabo constantes voladuras y movimientos de tierra a solo unos kilómetros del territorio tradicional”. La resolución exige estudios de impacto ambiental específicos para las comunidades quilombolas y ordena a los organismos ambientales del estado de Minas Gerais que se abstengan de expedir nuevos permisos a la empresa.
Sigma sostuvo que el proyecto está fuera de la supuesta zona de impacto de 8 kilómetros y defendió la legalidad de la licencia estatal, además de argumentar que la falta de títulos de propiedad definitivos impide aplicar el procedimiento de protección para las comunidades. En julio la compañía ya había interrumpido sus operaciones tras una orden de embargo de la autoridad ambiental local por infracciones detectadas en una inspección de mayo, pero retomó sus actividades el mes pasado luego de un acuerdo con el estado de Minas Gerais. La empresa negó haber cometido irregularidades y no respondió a solicitudes de comentarios fuera del horario laboral.
La decisión judicial representa un nuevo revés para el proyecto Grota do Cirilo y podría prolongar paralizaciones mientras se realizan los estudios exigidos y se resuelven las disputas sobre la delimitación del territorio quilombola. También mantiene la prohibición de nuevos permisos ambientales hasta que se cumplan las condiciones impuestas por el tribunal.
