El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori declaró el estado de emergencia por 60 días en cinco penales de alta peligrosidad para reforzar el control frente al avance del crimen organizado. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM y alcanza a los establecimientos de Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro y Ancón I (Lima) y Trujillo Varones (La Libertad).
El decreto implanta un perímetro de hasta 200 metros alrededor de cada penal, donde quedan suspendidos temporalmente los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal. La Policía Nacional tendrá el control del orden público en los perímetros exteriores con apoyo de las Fuerzas Armadas. Las operaciones incluirán controles de acceso, trabajos de inteligencia para prevenir fugas y vigilancia del espacio aéreo y del espectro electromagnético inmediato de las prisiones.
El Ejecutivo informó que en estos cinco penales se concentra cerca del 50% de los internos vinculados a organizaciones criminales, por lo que fueron identificados como prioritarios en la estrategia de seguridad. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) seguirá a cargo de la administración y custodia interna, mientras que se anunciaron operativos permanentes para decomisar teléfonos celulares, tarjetas SIM y armas en poder de los internos.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, dijo que la emergencia debe fortalecer la inteligencia penitenciaria y planteó integrar la inteligencia del INPE con la de la Policía y las Fuerzas Armadas para detectar el funcionamiento de organizaciones dentro de las cárceles y posibles casos de corrupción entre funcionarios. Álvarez también anunció la redistribución de internos según nivel de peligrosidad y delito, y la diferenciación de beneficios penitenciarios, que podrían suspenderse para quienes sigan delinquiendo. El Ejecutivo espera además que el Congreso evalúe la solicitud de facultades legislativas por 120 días; el primer ministro Luis Galarreta afirmó que con esas facultades el Gobierno podrá actuar “con más fuerza”. La medida se adopta en un contexto de aumento de la violencia: la tasa de homicidios pasó de 10,1 por 100.000 habitantes en 2024 a 10,7 en 2025.
El decreto precisa que, pese a las restricciones, deberán garantizarse los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la defensa y el debido proceso, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
