El Gobierno de México hizo oficial que hasta este año existen más de 130,000 personas reportadas como desaparecidas en el país, según datos actualizados del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Durante la conferencia presidencial, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, confirmó que desde 2006 se han registrado 130,178 casos activos de desapariciones.
El registro histórico, que abarca desde 1952 hasta 2026, contabiliza 394,645 reportes de personas desaparecidas, de las cuales 262,111 fueron localizadas; de estas últimas, el 92% se encontraron con vida. La información se divide en tres categorías: 36% de los casos carecen de datos completos, dificultando su búsqueda; 31% cuentan con datos suficientes y actividades posteriores a la desaparición, lo que ha permitido ubicar a 5,269 personas mediante verificaciones directas; y el 33% restante tiene datos completos pero sin actividad reciente identificada, de los cuales solo una pequeña parte cuenta con una carpeta de investigación formal.
Entre octubre de 2024 y marzo de 2026, se reporta la localización de 31,946 personas desaparecidas. Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, señaló que este delito presenta dos fases históricas: la llamada “guerra sucia” con desapariciones forzadas de 1950 a 1990 y la ola de violencia relacionada con la “guerra contra el narcotráfico” iniciada en 2006. Destacó que en 2025, tras la detección de un centro de adiestramiento forzado ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación, se reforzaron las capacidades de búsqueda y se reformaron leyes para agilizar procesos e integrar herramientas como la plataforma única de identidad y un banco nacional forense.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que ante un reporte de desaparición, se activa una alerta inmediata y masiva a más de 500 instituciones, y es obligatorio que se abra una carpeta de investigación desde el primer aviso. Además, subrayó la creación de unidades especializadas y la implementación de bases nacionales con la intención de garantizar una respuesta eficiente y brindar certeza a las familias afectadas.
