La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Vivienda que autorizan al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) a utilizar los fondos ahorrados por los trabajadores para diversas actividades relacionadas con la vivienda. Estas actividades incluyen la construcción, arrendamiento, financiamiento de autoproducción, así como la adquisición y urbanización de terrenos para unidades habitacionales. Las modificaciones legislativas fueron respaldadas por Morena, Movimiento Ciudadano y aliados, sumando 355 votos a favor y 99 en contra, principalmente de integrantes del PAN y PRI. La reforma surge en un contexto de cambios constitucionales realizados en 2024 y complementa modificaciones previas en la Ley del Infonavit y la Ley Federal del Trabajo impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Con esta reforma se establece que las instituciones podrán ampliar su estrategia para aumentar la oferta de vivienda sin recibir presupuesto público adicional, en el presente ejercicio fiscal ni en años futuros. Para proteger los recursos de los trabajadores, la ley establece que “las acciones previstas se realizarán salvaguardando en todo momento el patrimonio de los fondos de vivienda y los derechos de las personas trabajadoras”, y que “en ningún caso podrán comprometer la solvencia y sostenibilidad financiera de los fondos ni los derechos adquiridos conforme a las leyes aplicables”.
Sin embargo, diputados de oposición manifestaron preocupaciones sobre la transparencia y el manejo discrecional de los recursos, argumentando que la reforma otorga amplias facultades al gobierno sin reglas claras para decidir dónde, cómo y a quién se otorgan las viviendas, lo que podría propiciar riesgos como el clientelismo y la construcción para personas sin trabajo formal. La diputada del PAN, Lorena García Alcocer, señaló que “la vivienda no puede ser premio, favor ni moneda electoral” y advirtió que la reforma abre la puerta para beneficiar políticamente a ciertos sectores. Por su parte, legisladores del PRI expresaron inquietudes respecto a la debilidad de los mecanismos de protección y señalaron que la administración actual está dirigida por Octavio Romero Oropeza, a quien acusaron de dejar sin recursos a Pemex.
En contraste, representantes de Morena y Movimiento Ciudadano defendieron la reforma, asegurando que contiene candados suficientes para proteger los ahorros de los trabajadores. Patricia Mercado, diputada de MC, afirmó que “la reforma tiene los candados para que cuando el trabajador solicite su dinero, el Infonavit le regrese sus fondos”. Además, destacaron que se reemplazó el término “vivienda digna y decorosa” por “viviendas adecuadas”, apuntando a un cambio de paradigma que busca evitar el negocio con inmobiliarias y garantizar viviendas accesibles y adecuadas para los trabajadores.
La iniciativa fue turnada al Senado para su análisis, mientras el debate político continúa respecto a las implicaciones del uso de recursos de los trabajadores para ampliar proyectos de vivienda y las garantías para proteger dichos fondos y derechos.
