La aprobación en el Senado de México de una parte de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum marca el cierre de un intenso debate que se ha prolongado por cuatro años y ha tenido un impacto profundo en la política nacional. Sin embargo, esta aprobación también ha evidenciado tensiones dentro de la coalición gobernante, conocida como la Cuarta Transformación, que integran Morena, el Partido Verde Ecologista y el del Trabajo (PT).
Aunque en público los dirigentes de estos partidos y la propia presidenta sostienen que la alianza se mantiene firme, en la práctica la aprobación de la denominada “plan B” para la reforma ha generado una división palpable. La iniciativa original de Sheinbaum, que aspiraba a cambios más estructurales y a una reforma constitucional amplia, no logró el respaldo unánime de sus aliados, en particular del Partido Verde y del PT, quienes se opusieron firmemente a propuestas que podrían haber reducido su representación y financiamiento.
Este desgaste interno tiene implicaciones políticas significativas de cara a las elecciones de mitad de mandato en 2027, cuando se renovará por completo la Cámara de Diputados, así como varias gubernaturas estatales. Si la coalición se mantiene unida, podría consolidar su mayoría en diferentes ámbitos legislativos y ejecutivos, pero la fractura actual abre la posibilidad a alianzas alternativas o incluso a una fragmentación del voto de izquierda.
Finalmente, aunque la reforma electoral que se logró aprobar es considerada por algunos como limitada, centrada en ajustes administrativos y recortes presupuestales, la presidenta Sheinbaum ha defendido sus alcances y el ahorro presupuestal generado. Este episodio parece abrir un nuevo capítulo en la política mexicana, dejando pendiente para el futuro temas cruciales como la fiscalización para evitar financiamiento ilícito de campañas. Por ahora, la atención del país se trasladará a otros asuntos urgentes en materia económica, de seguridad y salud.
