El Gobierno de México dio a conocer un nuevo informe sobre la situación de personas desaparecidas en el país, un tema que ha sido calificado por la ONU y especialistas como un reflejo de los altos niveles de violencia y violaciones de derechos humanos. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, defendió la revisión que se realizó al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), plataforma pública constituida bajo la ley de 2017, con el fin de actualizar y precisar las cifras oficiales.
Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que tras la revisión se identificaron 132,534 casos en total. De estos, 2,356 corresponden a desaparecidos entre 1952 y 2005, periodo vinculado a represión estatal contra opositores y activistas. Además, se dividieron los registros restantes en tres categorías: 46,742 con datos insuficientes para búsqueda, 40,308 personas que figuran en trámites oficiales y por tanto son localizables, y 43,128 casos con información completa y sin rastro alguno.
De estas últimas, solamente 3,869 han sido investigadas formalmente por las fiscalías estatales, lo que evidencia el bajo número de carpetas abiertas. Sheinbaum subrayó que esta revisión clarifica la situación y garantiza que cada caso tenga asignada una carpeta de investigación, buscando también distinguir casos de víctimas de delitos de otras causas posibles de desaparición.
Sin embargo, diversas organizaciones civiles cuestionaron el reporte y consideraron que esta actualización intenta reducir la percepción de gravedad de la crisis. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señaló que limitar las desapariciones a esos números es minimizar un problema que afecta directamente a miles de familias. Fundar, otra organización, rechazó ligar la cifra de desaparecidos únicamente a carpetas abiertas, calificándolo de estrategia burocrática para esquivar responsabilidades. Amnistía Internacional destacó la necesidad de incluir a las familias en el diseño y ejecución de políticas de búsqueda, urgió transparencia y pidió acciones concretas para evitar nuevas desapariciones. El Gobierno federal aún no ha respondido directamente a estas críticas.
