El 2 de abril de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en marcha una política comercial que implicó la imposición de aranceles masivos, cumpliendo así una de sus promesas electorales más destacadas. Desde esa fecha, la estrategia arancelaria ha atravesado fluctuaciones significativas debido a decisiones judiciales y a las repercusiones económicas internas.
Inicialmente, Trump anunció nuevos gravámenes del 10% a productos chinos y del 25% a importaciones de México y Canadá el 1 de febrero, para luego extender estas tarifas a varios países acusados de mantener barreras comerciales injustas. Estos aranceles, que comenzaron en agosto con un mínimo del 10% y en ocasiones alcanzaron hasta el 50%, desencadenaron una compleja guerra comercial desarrollada tanto en foros gubernamentales como en tribunales.
El Tribunal Supremo estadounidense invalidó a finales de febrero la aplicación de muchos de estos aranceles bajo la justificación de poderes ejecutivos excesivos, lo que llevó a la Administración a reestructurar sus políticas arancelarias, anunciando tarifas temporales del 10% y contemplando aumentos condicionados por avances en la negociación con otros países. A pesar de ello, algunas medidas aplicadas basándose en consideraciones de seguridad nacional respecto a sectores como el acero, aluminio y automotriz permanecen vigentes.
Expertos han señalado que esta política ha generado incertidumbre económica y tensiones políticas con aliados internacionales, además de no haber demostrado efectos claros en la reducción de déficits comerciales ni en el fortalecimiento significativo de la manufactura estadounidense. Al respecto, es importante destacar que para muchos consumidores y empresas estadounidense la carga de estos aranceles se refleja directamente en los precios y costos, complicando aún más el panorama económico nacional.
