El reciente ajuste en el Registro de Personas Desaparecidas en México ha generado preocupación entre diversas organizaciones de derechos humanos al evidenciar una reducción significativa en el número oficial de casos reportados, lo que podría subestimar la magnitud real de esta grave problemática nacional. Actualmente, el gobierno federal reconoce un total de 132,534 registros desde 2006, período en el que la mayoría de desapariciones se atribuyen al crimen organizado.
Sin embargo, el análisis oficial señala que aproximadamente el 36% de estos registros carecen de suficiente información y que en un 31% hay indicios de actividades atribuidas a las personas después de su desaparición, reduciendo así la cifra real de personas desaparecidas a 43,128. Esta cifra representa solo un tercio del total registrado.
Ante esta situación, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez manifestó que esta forma de contabilizar los casos atenúa la gravedad del problema que México enfrenta desde hace años y lamenta que no se presenten planes concretos para la localización de personas con datos insuficientes. “Minimiza la dimensión de una crisis que tiene rostro y que no se resuelve con búsquedas administrativas en registros públicos”, señalaron.
La denuncia también subraya la falta de respuesta efectiva de las fiscalías estatales, pues a pesar de la obligación legal de iniciar investigaciones por cada desaparición, solo se han abierto 3,869 carpetas de investigación de más de 130,000 casos. Organizaciones que trabajan con familias de desaparecidos alertan que esta práctica distorsiona la realidad y propicia la invisibilización de las víctimas. Además, critican que la dependencia del registro en carpetas de investigación premia la ineficiencia institucional y que se carece de transparencia en la metodología usada para distinguir desapariciones voluntarias de aquellas relacionadas con delito. Por último, exigen al gobierno explicaciones claras sobre los métodos estadísticos y solicitaciones para fortalecer la búsqueda, identificación forense y recursos para las unidades responsables de estas tareas, recordando que el Estado también tiene responsabilidad en la crisis debido a la permisividad hacia redes criminales y la opacidad en las investigaciones.
