El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, presentó una propuesta controvertida para desaparecer las policías municipales en todo México y transferir sus responsabilidades a la Guardia Nacional. Esta iniciativa, anunciada el 10 de julio ante el Congreso del Estado y tras una ceremonia oficial, refleja un proyecto que se ha desarrollado durante varios años y que prioriza el control centralizado sobre la seguridad en lugar de fortalecer las estructuras municipales.
Esta propuesta surge en un contexto de crisis en algunos cuerpos policiales locales de Michoacán, donde se han documentado casos graves de infiltración del crimen organizado, corrupción y violencia contra los propios elementos. Entre los incidentes recientes destacan la detención de altos mandos de la Policía Municipal en Zacapu y Coeneo por presuntas colaboraciones con grupos delictivos, así como la ejecución de un excoordinador policial en Morelia. Estos hechos evidencian la profunda problemática en la seguridad municipal, pero la solución planteada no contempla fortalecer a las policías locales ni transferir funciones a policías estatales, sino entregarlas a una fuerza federal, la Guardia Nacional, que carece de conocimiento territorial y acumula resultados cuestionables.
Cabe destacar que la Guardia Nacional fue concebida como un cuerpo de despliegue táctico y no para ejercer la función de policía de proximidad, lo que incluye prevención social del delito y atención directa a la comunidad. Al eliminar la policía municipal, se centraliza la responsabilidad en una instancia que se encuentra a mayor distancia de los ciudadanos, lo que puede afectar la rendición de cuentas y la capacidad de respuesta local.
El origen de esta situación también está relacionado con un vaciamiento deliberado de las policías municipales, que han sido desplazadas en recursos y protagonismo en favor de la Guardia Civil estatal. Esto generó corporaciones locales debilitadas, con falta de capacitación y equipamiento, que en muchos casos han quedado a merced de la influencia del crimen organizado. En este contexto, la propuesta de desaparición trae consigo el riesgo de administrar centralmente un fracaso sin implementar una reconstrucción real de las estructuras de seguridad a nivel municipal.
Especialistas en política de seguridad sugieren que la solución debe orientarse a fortalecer las policías municipales mediante un mando profesional, auditoría y supervisión efectiva, certificación y capacitación constante, y un blindaje contra la corrupción o la utilización política. Esta estrategia permitiría devolver a los gobiernos locales la capacidad de gobernar en materia de seguridad y responder eficazmente a los ciudadanos. En contraste, desaparecer los cuerpos de policía municipal representa sacrificar un nivel fundamental de gobierno y relegar su función más elemental a una institución federal con limitaciones para atender las necesidades particulares de cada municipio.
