El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, obtuvo un amparo que le impide ser incomunicado o sometido a actos de tortura por parte de las autoridades a cargo de su custodia. Este recurso legal no afecta las acusaciones en su contra ni la sustancia del proceso judicial que enfrenta. Finalmente, este sábado continúa la audiencia en videoconferencia ante la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de delincuencia organizada y contrabando dentro de una red relacionada con el huachicol fiscal.
Ruffo fue detenido el pasado jueves en su domicilio de Ensenada, Baja California, y desde entonces ha estado en proceso legal donde la defensa ya solicitó la ampliación del plazo constitucional para definir si será vinculado a proceso. En caso de que la autoridad lo decida, el exmandatario podría pasar ese tiempo en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como Altiplano, en el Estado de México.
Los cargos que le imputa la FGR se basan en su presunta participación al frente de una red que contrabandeaba combustibles sin declarar cantidades o tipos correctos, con el fin de evadir impuestos. Según la investigación, esta red involucraba múltiples empresas, transporte con decenas de ferro tanques y la colaboración de empleados aduanales y otros socios. Entre los implicados se encuentran socios de la empresa Ingemar S.A. de C.V., firma de la cual Ruffo es socio, así como otras personas detenidas relacionadas con la operación en distintos estados.
Cabe señalar que Ruffo había comparecido en noviembre de 2025 como testigo ante la FGR luego de un decomiso de más de 15 millones de litros de hidrocarburo, vinculados a Ingemar. En ese contexto, el exgobernador defendió que la empresa se dedica a trámites de importación y no a la comercialización o transporte, afirmando que la revisión corresponde a la autoridad aduanera. Además, ha reconocido haber intentado vender su participación en la firma debido al entorno complicado en torno al huachicol, aunque su oferta no fue aceptada por los demás accionistas.
La audiencia sigue su curso y, tras los recesos ya programados, la Fiscalía podría solicitar prisión preventiva para el exgobernador mientras se continúa la investigación y el proceso legal.
