El gobierno mexicano impulsa una iniciativa legislativa para sancionar los feminicidios con penas de hasta 70 años de prisión, con el objetivo de unificar el tratamiento de este delito en todo el país. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó esta propuesta, que ya fue enviada al Congreso, como parte de la Ley General de Feminicidio y el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres.
Pese al reconocimiento de estos esfuerzos, diversas organizaciones civiles han señalado que endurecer las penas no resulta suficiente para garantizar justicia ni para prevenir eficazmente la violencia feminicida. México Unido contra la Delincuencia (MUCD), Balance A.C. y Equis Justicia alertaron sobre la falta de recursos asignados a las fiscalías y servicios periciales, así como la ausencia de mecanismos claros para implementar y supervisar los protocolos de investigación con perspectiva de género.
En el análisis realizado, estas organizaciones advirtieron que aumentar sanciones sin abordar las causas estructurales de la violencia y sin fortalecer las instituciones encargadas de la procuración de justicia puede perpetuar desigualdades y riesgos para mujeres en situación vulnerable. Además, señalaron preocupación por dejar la valoración del contexto en las investigaciones al criterio del Ministerio Público, lo que podría afectar la calidad y eficacia de las indagatorias.
Datos oficiales indican que, entre 2015 y 2025, México tuvo 9,166 víctimas de feminicidio, con una reducción del 28% en 2025 respecto a 2021, año con el mayor registro. Sin embargo, en ese mismo periodo aumentaron los casos de lesiones dolosas contra mujeres, subrayando la persistencia de la violencia. Las organizaciones hacen un llamado a priorizar políticas públicas que transformen las condiciones generadoras de la violencia feminicida y a garantizar recursos y mecanismos efectivos para la protección y justicia para las mujeres.
