El reciente audio filtrado de la gobernadora de Baja California, donde se muestra dispuesta a compartir información de mesas de seguridad con personas no autorizadas, es solo la manifestación más visible de un problema estructural en el sistema de coordinación de seguridad nacional mexicana. La realidad es que estas mesas operan sin protocolos claros de clasificación de información, sin un control riguroso de acceso y sin consecuencias específicas para quien vulnera la confidencialidad.
El principal error radica en mezclar la función política con la operativa dentro de estas mesas. Actualmente, funcionarios de diversos órdenes reciben el mismo nivel de información sin distinciones que consideren sus responsabilidades específicas, contrariando el principio fundamental del “need to know”, que establece que cada participante debe tener acceso solo a la información necesaria para cumplir su función.
Además, la integración de personal en estas reuniones se decide por cargos políticos y no a partir de criterios técnicos o de confiabilidad basados en evaluaciones rigurosas y continuas. No existe un proceso formal de habilitación que determine quién puede acceder a información sensible, lo que incrementa la vulnerabilidad ante presiones externas o internas.
Finalmente, la ausencia de mecanismos para registrar el flujo de información y la falta de tipificación legal clara para sancionar la filtración de datos críticos constituyen fallas graves que permiten que estas vulneraciones no tengan repercusiones efectivas. Para corregir esto, es indispensable implementar un órgano técnico independiente que avale a los participantes, establezca niveles de acceso, y garantice trazabilidad y sanciones concretas, eliminando así la dependencia exclusiva de la buena fe de los funcionarios involucrados.
