El pasado 13 de julio, Terrance “Terry” Cole, administrador de la DEA, afirmó en Orlando que los cárteles y el gobierno de México “son uno y lo mismo”, describiendo este vínculo como una “conexión mortal”. Esta acusación, aunque grave, fue emitida sin presentar evidencia pública durante su discurso.
En respuesta, el Gabinete de Seguridad mexicano difundió una tarjeta informativa que destaca cifras operativas: más de 59,000 detenidos, más de 31,000 armas aseguradas, 498 toneladas de droga decomisadas y una reducción del 48% en homicidios dolosos. Sin embargo, la pertinencia de estos datos frente a la acusación de captura institucional es cuestionable, ya que Cole no señaló insuficiencia en detenciones, sino la indistinción entre estructuras criminales y gubernamentales.
El documento del Gabinete señala la detención de más de 80 servidores públicos, incluidos siete presidentes municipales en funciones, como evidencia de que no hay protección para ilícitos. Sin embargo, desde una lectura política seria, estas detenciones pueden reflejar la existencia de infiltración y corrupción dentro de las instituciones, más que su ausencia. Procesar servidores públicos corruptos indica funcionamiento parcial del sistema de justicia, pero no responde al señalamiento de una colusión sistémica entre gobierno y crimen organizado.
Además, la tarjeta informativa omite mencionar el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado formalmente por la justicia estadounidense de proteger al Cártel de Sinaloa desde su puesto público. Esta exclusión deja sin respuesta el argumento más concreto empleado por Estados Unidos. La reducción del 48% en homicidios dolosos, aunque respaldada por cifras oficiales, no basta para desestimar posibles pactos criminales o la predominancia de cárteles en ciertas regiones.
El Gobierno mexicano ha solicitado a la DEA pruebas de sus acusaciones, una demanda justa pero insuficiente al carecer de un mecanismo binacional diseñado para la verificación conjunta. La respuesta oficial, con énfasis en resultados operativos, puede reforzar narrativas internas pero no persuade a interlocutores de Washington, donde se exige evidencia sobre rendición de cuentas a niveles políticos superiores.
Como concluye el análisis, mientras el Gabinete mantenga una comunicación que responde acusaciones de captura institucional con datos operativos, México seguirá ganando debates en la mañanera para la opinión pública local, pero perdiendo credibilidad en la agenda bilateral con Estados Unidos.
Alberto Guerrero Baena, consultor especializado en Política de Seguridad y Policía, analiza que esta asimetría entre discurso y evidencia refleja un desafío estructural en la relación bilateral y en la percepción internacional sobre la seguridad mexicana.
