La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró en septiembre 59 millones de litros de gasolina y diésel en la terminal de almacenamiento San José Iturbide, propiedad de una filial de Grupo Simsa, en Guanajuato. La acción formó parte de una investigación sobre el transporte y comercialización de combustibles.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el combustible asegurado es legal y que, en términos generales, la instalación contaba con permisos. Sheinbaum señaló que hubo “asuntos ilegales de transporte” que estaban entrando a las instalaciones, pero que la empresa resolvió esos problemas, y pidió a la Fiscalía que informe a detalle sobre el operativo.
La detención del aseguramiento se produjo después de que un conductor de una pipa fuera detenido por no acreditar en ese momento la procedencia del combustible que descargaba, según registros del operativo. Tras la intervención, la terminal de Grupo Simsa continuó operando con normalidad.
El caso ocurre en un contexto en el que el gobierno reportó una evasión fiscal por contrabando de combustibles por un monto estimado en US$3,300 millones en 2025, un elemento que motiva las investigaciones sobre cadenas de transporte y comercialización. La presidenta y la FGR son ahora las partes que deberán proporcionar más detalles sobre la legalidad del combustible y las diligencias realizadas.
