El sector infraestructura en México enfrenta la necesidad de una renovación y expansión significativa que impulse el desarrollo a largo plazo del país. Ante este panorama, la implementación adecuada de los contratos mixtos, que buscan sustituir los tradicionales contratos de Asociación Público-Privada (APP) y concesiones, se presenta como una estrategia fundamental para cerrar la brecha de inversión y elevar la calidad de los servicios públicos.
Este nuevo esquema contractual pretende combinar la participación pública y privada, permitiendo que inversionistas puedan recuperar costos y obtener una rentabilidad justa, mientras el Estado mantiene la propiedad, derechos y control de los activos. Sin embargo, para que este modelo funcione, es indispensable definir claramente las condiciones financieras, legales, técnicas, fiscales y ambientales que garanticen la viabilidad y seguridad jurídica para todos los involucrados.
Un aspecto crucial para lograr el éxito de los contratos mixtos es que el sector público cuente con capacidades humanas y financieras sólidas, ya que, aunque algunas tareas pueden subcontratarse, la responsabilidad última recae en las autoridades que deben proteger el interés público y supervisar eficazmente los proyectos. Además, la situación fiscal actual requiere que se abra la puerta a la inversión privada para complementar el presupuesto público, el cual ha experimentado restricciones debido a políticas orientadas a contener el déficit y reducir el endeudamiento.
En el sector energético, la petrolera nacional ha manifestado interés en adoptar este tipo de contratos para frenar la caída en la producción de hidrocarburos, señalando la importancia de la inversión privada para la modernización y mantenimiento de su infraestructura. Así, los contratos mixtos podrían ser un motor clave para garantizar la recuperación y ampliación de la infraestructura necesaria para el desarrollo económico sostenido del país.
