La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para reformar el artículo 127 constitucional, estableciendo un tope máximo a las pensiones públicas que no podrá superar la mitad del salario presidencial, es decir, alrededor de 67 mil pesos mensuales. La reforma forma parte del paquete impulsado por el Gobierno federal para controlar las llamadas “pensiones doradas”.
Durante la sesión, se escucharon las preocupaciones de jubilados provenientes de empresas productivas del Estado, quienes alertaron que sus pensiones podrían recortarse tras décadas de trabajo. También se señalaron posibles renuncias masivas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debido a incentivos insuficientes para el personal en activo que ocupa cargos de confianza. Por ello, la mayoría legislativa admitió la necesidad de hacer ajustes a fin de proteger algunos derechos laborales.
No obstante, la diputada Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo, indicó que las modificaciones específicas se presentarán posteriormente mediante reservas en el pleno una vez que se apruebe en lo general la minuta. Esta decisión generó el abandono de la sesión por parte de legisladores del PAN y PRI, quienes manifestaron su inconformidad por aplazar el debate y dejar en incertidumbre a los afectados.
Representantes de jubilados de sectores como la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, Nacional Financiera y otros, argumentaron que el recorte afectaría a pensiones que alcanzan hasta 300 mil pesos y que fueron fruto de años de trabajo bajo condiciones riesgosas. En ese sentido, un líder jubilado afirmó: “Nos sentimos muy defraudados porque nuestra generación siempre pensó que estudiando y trabajando en las empresas del Estado lograríamos una jubilación justa y digna”. Por su parte, otro manifestaba que el ahorro previsto por la reforma es insignificante en comparación con las pérdidas millonarias sufridas en el pasado sexenio, lo que cuestiona el impacto real de estas medidas.
