El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela suprimió la competencia nacional especializada en casos de terrorismo de cuatro juzgados de control que conocían esas causas en todo el país, según una resolución de la Sala Plena aprobada el 13 de octubre.
La Resolución N.º 2026-0010 dispone que los procesos vinculados con delitos previstos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo pasarán a ser conocidos por los tribunales estadales de primera instancia en funciones de control de los distintos circuitos judiciales. Los juzgados afectados son el Tribunal 30.º, el 49.º, el 52.º y el 13.º de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que actuaban como los cuatro juzgados especiales con jurisdicción nacional.
La medida modifica la distribución de competencias pero no elimina los delitos ni las causas penales relacionadas con terrorismo. La resolución ordena distribuir equitativamente los nuevos asuntos entre los tribunales ordinarios de control conforme a las reglas de competencia por materia, territorio y conexión procesal del Código Orgánico Procesal Penal. También establece la redistribución de expedientes en trámite, aunque prevé una excepción temporal para causas que involucren operaciones encubiertas, entregas controladas, interceptaciones en tiempo real o medidas cautelares urgentes: en esos casos los juzgados especiales podrán mantener la competencia para culminar diligencias y tienen un plazo máximo de 15 días hábiles para informar al Ministerio Público.
El tribunal receptor asumirá cada expediente en el estado en que se encuentre y mantendrá las medidas acordadas bajo la competencia especial. La resolución entró en vigor desde su aprobación por la Sala Plena sin condicionarla a su publicación en la Gaceta Oficial. La decisión se produce en paralelo al debate sobre la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, que sigue su trámite parlamentario mientras diversas fuerzas políticas y actores opinan sobre su alcance y uso en procesos penales.
