El Gobierno de Costa Rica inauguró el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), la primera megacárcel del país, ubicada junto al complejo La Reforma en San Rafael de Alajuela y con capacidad para 5.100 privados de libertad.
La obra costó 16.774 millones de colones, equivalentes a unos 35 millones de dólares, y ocupa 91.000 metros cuadrados, de los cuales 31.000 son áreas techadas y blindadas. El complejo está dividido en cinco módulos independientes de 1.020 internos cada uno. La presidenta Laura Fernández Delgado señaló que la asistencia técnica de El Salvador permitió ahorrar 11.200 millones de colones y afirmó que Costa Rica buscará ser referente en seguridad penitenciaria manteniendo el respeto a los derechos humanos.
En el interior, las celdas colectivas de 90 metros cuadrados podrán albergar hasta 60 personas en literas metálicas de tres niveles; no tendrán tomacorrientes ni cableado eléctrico y contarán con sanitarios expuestos a la vista de los guardias. El diseño incorpora inhibición perimetral de señales, videovigilancia y monitoreo las 24 horas, celdas de aislamiento de hasta 48 horas, patios de sol de una hora diaria y distribución centralizada de alimentación e insumos, por lo que no habrá economatos ni tiendas internas. Los internos vestirán uniformes naranjas confeccionados por reclusas del centro Vilma Curling bajo el programa Cero Ocio.
Desde este miércoles trabajan en el complejo unos 30 funcionarios administrativos y más de 160 policías penitenciarios; el cuerpo policial asumirá formalmente el control. Los primeros traslados están previstos para finales de octubre con un grupo inicial de 2.500 privados de libertad, entre ellos líderes de bandas, sicarios y reos extraditables. El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, indicó que no se mezclarán sentenciados con indiciados y subrayó que el CACCO no será un lugar para promover abusos sino para imponer ley, orden y disciplina.
La inauguración incluyó además la declaración de varias organizaciones como narcoterroristas, entre ellas los cárteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Noroeste, del Golfo, Nueva Familia Michoacana y Carteles Unidos, así como las FARC, el ELN y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Sectores de la oposición y la Defensoría de los Habitantes cuestionaron la puesta en marcha inmediata y pidieron auditorías sobre condiciones de dignidad y custodia. La presidenta anunció que viajará a El Salvador para estudiar modelos operativos del Centro de Confinamiento del Terrorismo en ese país, cuyos planos sirvieron de base para el CACCO pero adaptados a la legislación costarricense.
