Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, afirmó que los beneficios de la inteligencia artificial superan los riesgos asociados a su desarrollo y defendió la necesidad de una regulación más flexible. En una entrevista explicó que, aunque la sociedad deberá aceptar problemas puntuales como fraudes, hackeos o usos indebidos, esto no implica tolerar riesgos catastróficos.
Altman subrayó la importancia de equilibrar la innovación con medidas regulatorias que no asfixien el avance tecnológico. Señaló que las políticas públicas deben reconocer que ciertos daños menores pueden ocurrir en el proceso de adopción, pero que las autoridades y las empresas deben trabajar para evitar consecuencias graves que pongan en peligro a la sociedad.
El ejecutivo vinculó la discusión sobre regulación con la responsabilidad compartida entre desarrolladores, empresas y reguladores. Propuso marcos normativos flexibles que permitan la experimentación responsable y la implementación de salvaguardas técnicas y operativas para reducir abusos y ataques, sin frenar el potencial social y económico de la IA.
La posición de Altman plantea un foco en la gestión de riesgos proporcionales: aceptar y mitigar efectos secundarios previsibles mientras se prioriza la prevención de amenazas de gran impacto. El planteamiento refuerza el debate público sobre cómo diseñar normas que faciliten la innovación segura y la supervisión efectiva en un sector en rápida expansión.
