La crisis de agua contaminada en la zona metropolitana de Guadalajara escaló a un choque político entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, por un esquema de participación privada para obras y operación del servicio. Lemus propuso un modelo CMRO (Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación) que será discutido con la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Sheinbaum advirtió que ese esquema puede implicar “operación privada del agua” y dijo que hay que discutir cómo implementarlo.
La movilización social en Guadalajara fue masiva: alrededor de 10,000 personas protestaron por la contaminación del suministro, que ha afectado la salud de la población. Las autoridades estatales informaron que 39 personas fueron detenidas durante incidentes de violencia atribuida a un supuesto grupo de 400 encapuchados, y que 28 policías resultaron heridos. Sheinbaum criticó la represión y situó el problema en la falta de obras: mencionó la presa El Zapotillo y un ducto pendiente que nunca se concretó, y responsabilizó al exgobernador Enrique Alfaro por no completar inversiones necesarias.
En lo político, el esquema CMRO requiere aprobación en el Congreso de Jalisco, donde Movimiento Ciudadano necesita el respaldo de dos terceras partes para financiar las obras; legisladores de Morena, partido de Sheinbaum, se han mostrado en contra del modelo propuesto. Conagua participará en la discusión técnica y política sobre el modelo de operación y financiamiento, según informó la presidenta.
El enfrentamiento deja en evidencia dos tensiones centrales: la urgencia por resolver la contaminación del agua en una gran zona metropolitana de más de 5.1 millones de habitantes, y la disputa sobre si la solución técnica debe apoyarse en financiamiento y operación privada. Las decisiones que se tomen en los próximos días en la Conagua y el Congreso estatal definirán si el CMRO avanza como alternativa para rehabilitar la infraestructura hídrica en Jalisco.
