Human Rights Watch (HRW) denunció que fuerzas de Estados Unidos destruyeron ocho embarcaciones ecuatorianas entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre en el Pacífico, y pidió a Washington y a Quito que revelen la base jurídica de esas operaciones.
La organización señaló que las acciones afectaron a 160 tripulantes, de los cuales 90 enfrentan investigaciones penales en Ecuador; jueces ecuatorianos determinaron que la detención de 56 fue ilegal y 14 no llegaron a ser procesados. El Comando Sur de Estados Unidos ha sostenido que las embarcaciones funcionaban como “estaciones flotantes de reabastecimiento de combustible en apoyo de operaciones ilícitas de narcotráfico” y atribuyó una de las embarcaciones a vínculos con la organización Los Choneros.
HRW entrevistó a 27 personas —capitanes, tripulantes, familiares y abogados— y revisó fotografías y videos de las interceptaciones. La organización indicó que no puede confirmar si alguno de los buques operaba como estación de repostaje ilegal y advirtió que la destrucción de las embarcaciones pudo haber eliminado pruebas relevantes. Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, afirmó que interceptar el tráfico de combustible “no autoriza a las fuerzas de seguridad a arrestar a personas sin pruebas, destruir sus embarcaciones ni abusar de ellas”.
En su informe HRW pidió a Ecuador y Estados Unidos publicar el marco legal que sustentó las interceptaciones y los criterios usados para elegir las embarcaciones intervenidas, además de establecer salvaguardias para prevenir abusos futuros. El reporte incluye testimonios de tripulantes que relatan detenciones con uso de bridas, esposas metálicas, vendajes en ojos y oídos, interrogatorios y la posterior destrucción de las naves.
