En México, la crisis humanitaria de las desapariciones forzadas y el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado continúa siendo una grave situación. Investigaciones recientes y datos oficiales revelan que miles de personas, muchas de ellas en condición de pobreza y marginación, son víctimas de redes que operan bajo esquemas de esclavitud moderna en regiones como la Sierra Tarahumara de Chihuahua, donde la delincuencia organizada obliga a trabajar sin pago y somete a torturas y condiciones inhumanas a estas personas.
Estas víctimas, entre niños, adolescentes y adultos jóvenes, suelen ser reclutadas con engaños, prometiéndoles empleos bien remunerados que nunca reciben, y una vez atrapadas son aisladas del control estatal en lugares remotos, algunos llegando a vivir hacinados en cuevas con condiciones deplorables. Los sobrevivientes que logran escapar regresan a sus comunidades, enfrentando nuevamente la pobreza y exclusión que motivó su captura inicial.
El fenómeno no es aislado. Existen casos notorios como el Rancho de Izaguirre en Jalisco, donde grupos criminales no sólo forzaban a trabajar ilegalmente sino que también asesinaban y desaparecían personas sistemáticamente. Según organizaciones civiles, entre 30,000 y 35,000 menores de edad son reclutados anualmente por el crimen organizado en México, cifra que refleja la magnitud del problema.
Además, las autoridades reportan alrededor de 130,000 personas desaparecidas, con diversos grados de información disponible que dificultan su localización y esclarecimiento. Este escenario ha impactado profundamente a las familias de las víctimas, quienes en muchos casos buscan incansablemente a sus desaparecidos cavando fosas clandestinas y enfrentando un sistema frecuentemente insensible. Mientras tanto, el discurso político se centra en la soberanía y logros en decomisos de drogas, ignorando la centralidad que las víctimas deberían tener en cualquier política de seguridad y pacificación en el país.
