El Gobierno mexicano, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, negó este jueves la validez jurídica y objetividad del reciente reporte emitido por el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED). Las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación emitieron un comunicado conjunto calificando el informe como “tendencioso” por no haber tomado en cuenta las observaciones proporcionadas por México antes de la publicación.
El documento de la ONU ubica a México como la nación con mayor número de acciones urgentes relacionadas con desapariciones forzadas en el mundo, registrando un aumento significativo en meses recientes. Señala un acumulado de 819 acciones urgentes entre 2012 y febrero de 2026, representando el 38% del total global; solo en los últimos cinco meses se añadieron 40 nuevas solicitudes, cifra equivalente a más de un tercio de las incidencias a nivel mundial en ese periodo. Además, advierte sobre deficiencias graves en los mecanismos de respuesta estatal.
Sin embargo, el Gobierno destacó que el informe se enfocó principalmente en hechos ocurridos durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y criticó que omitiera valorar las acciones adoptadas por la actual administración. Denunció que el informe ignoró información actualizada presentada el pasado 27 de marzo y cuestionó la posible parcialidad de algunos integrantes del CED por vínculos con organizaciones que han presentado quejas contra México.
Por último, la administración reiteró su compromiso para erradicar las desapariciones forzadas, afirmando que se realizan reformas legislativas e institucionales en conjunto con colectivos de familiares. Reiteró estar abierta a la cooperación internacional, pero no a evaluaciones que no reflejen la realidad actual del país ni reconozcan los esfuerzos gubernamentales.
