Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado respaldaron la apertura a la discusión del llamado “Plan B” electoral presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con 24 votos a favor y 11 en contra, sin participación del Partido del Trabajo (PT). Los legisladores petistas Lizeth Sánchez y Alejandro González no participaron en la votación. Durante la sesión, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, sostuvo conversaciones con el dirigente del PT, Alberto Anaya, y la vicecoordinadora petista, Geovanna Bañuelos.
El documento aprobado contempla modificaciones respecto a la iniciativa original de Sheinbaum, estableciendo que los ayuntamientos podrán contar con entre una y quince regidurías, a diferencia del mínimo de seis planteado inicialmente. Este cambio busca evitar un rango rígido en la conformación de los gobiernos municipales, reconociendo que la eficiencia administrativa depende de la capacidad local para gestionar recursos de forma austera y efectiva.
Además, se incluyó la paridad de género en la integración de los ayuntamientos, aunque se mantuvieron las fechas para la consulta de revocación de mandato propuestas por la presidenta, prevista para junio de 2027 coincidiendo con las elecciones intermedias. El PT mantiene posiciones contrarias a esta consulta, mientras que la propuesta permite que la presidenta pueda promover y difundir la votación a su favor en caso de que esta se realice.
Por otra parte, legisladores de MC y PRI manifestaron rechazo al “Plan B”, argumentando que atenta contra los principios de federalismo y republicanismo, al afectar presupuestos estatales y reorganizar ayuntamientos. La senadora Claudia Anaya (PRI) expresó su desacuerdo, cuestionando que la reforma busque “mancillar” la Constitución con fines políticos. En tanto, la panista Verónica Rodríguez criticó la defensa de Morena a la posibilidad de que la presidenta haga campaña durante la consulta de revocación, señalando que es una medida para “levantar” al gobierno actual. La senadora morenista Beatriz Mujica defendió la iniciativa, afirmando que fortalece la participación ciudadana y reduce privilegios en el ámbito público.
