El retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha generado un cambio significativo en las políticas relacionadas con la industria de vehículos eléctricos, generando incertidumbre entre los fabricantes. Desde el primer día de su segundo mandato, Trump eliminó el mandato de vehículos eléctricos y suprimió el crédito fiscal de 7,500 dólares destinado a incentivar la compra y producción de estos automóviles.
Adicionalmente, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) propuso revocar la declaración de 2009 que vinculaba las emisiones de gases de efecto invernadero con riesgos para la salud pública, lo que desliga a los fabricantes automotrices de estrictas regulaciones sobre sus emisiones, dificultando la transición hacia tecnologías más limpias.
Empresas como Tesla, General Motors y Ford enfrentan desafíos importantes. Tesla, marcada por conflictos pasados con la administración Trump, atraviesa un período que su CEO Elon Musk describió como “extraño” y de posible volatilidad en los resultados trimestrales. General Motors planea expandir producción de vehículos eléctricos, aunque su segmento aún representa una pequeña fracción de sus ventas totales. Ford, por su parte, prevé que la desaparición de los créditos fiscales obligará a una reestructuración y reducción de costos, incluso evaluando limitar la producción en EE. UU.
Además, la imposición de aranceles a automóviles y autopartes procedentes de más de 90 países incrementa los costos para los fabricantes, complicando la estrategia de hacer vehículos eléctricos más accesibles para acelerar la transición energética en el país.
