La muerte del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, reconocido por su combate al crimen organizado y la corrupción, ha generado conmoción y rechazo público en México. Aunque el edil contaba con protección oficial desde diciembre del año anterior, fue asesinado durante un evento en la entidad, situación que evidencia la gravedad del problema de inseguridad.
En respuesta, el Gobierno federal lanzó el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, un programa de seguridad que incluye una inversión significativa y el despliegue de más de 10.000 elementos federales para reforzar la presencia estatal y combatir la violencia.
Sin embargo, un análisis realizado por expertos en la materia advierte que la corrupción sigue siendo el mayor obstáculo para el éxito del plan. Este fenómeno representa un desafío estructural que limita la eficacia de las estrategias implementadas y mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Además, Estados Unidos expresó su condena ante el asesinato del alcalde y ofreció fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad para enfrentar juntos la amenaza del crimen organizado en la región.
