El reciente acuerdo entre Intel y el gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, genera preocupación sobre el impacto financiero y operacional para la empresa tecnológica. Este pacto implica que el gobierno estadounidense participará activamente en la junta directiva de Intel, lo que reducirá los derechos de voto de los accionistas privados y podría limitar futuras transacciones.
Intel advirtió que esta intervención gubernamental puede provocar reacciones adversas tanto inmediatas como a largo plazo de inversionistas, empleados, clientes, proveedores, gobiernos extranjeros y competidores. También se prevén riesgos de litigios relacionados con el acuerdo y una mayor atención y escrutinio político y público hacia la compañía.
Un aspecto crítico del convenio es su repercusión en las ventas internacionales de Intel, que constituyen aproximadamente el 76% de sus ingresos. El vínculo directo con las políticas comerciales y arancelarias del gobierno de Trump podría afectar negativamente estos mercados. De acuerdo con reportes fiscales, en 2024 Intel obtuvo ingresos por 53,100 millones de dólares, donde el predominio de las ventas fuera de Estados Unidos es notable.
El acuerdo formalizado contempla que el gobierno estadounidense adquiera un 10% de participación en Intel mediante la compra de 433.3 millones de acciones, financiadas con fondos del programa CHIPS impulsado por la administración anterior. El entonces presidente Trump calificó este pacto como un “gran negocio para Estados Unidos”, destacando la importancia estratégica del desarrollo de chips avanzados para el futuro del país. Las acciones de Intel reaccionaron con un incremento del 25% tras el anuncio.
Sin embargo, Intel reconoció que aún no han completado un análisis exhaustivo de las implicaciones financieras, tributarias y contables derivadas de este acuerdo, advirtiendo que eventuales cambios políticos en Washington podrían desafiar o cancelar el convenio, con impactos adicionales para los actuales y futuros accionistas.
