El viernes, las principales ciudades de Bolivia quedaron paralizadas debido a una serie de protestas convocadas por transportistas. Esta movilización responde a la reciente decisión del gobierno de centroderecha de eliminar los subsidios que se destinaban al combustible. La medida implicó que los precios de la gasolina y el diésel se duplicaran, impactando directamente los costos operativos del sector del transporte.
Los conductores bloquearon carreteras y vías principales, exigiendo una revisión urgente de la política sobre subsidios, la cual consideraron indispensable para mantener la viabilidad económica de sus actividades. La suspensión de estos apoyos formó parte de un paquete de reformas económicas que el nuevo ejecutivo busca implementar para ajustar las finanzas públicas.
Estas protestas reflejan la tensión social que pueden generar los ajustes en precios de servicios básicos, especialmente en países donde el transporte es un pilar fundamental para el traslado de mercancías y personas. Las autoridades todavía no han anunciado respuestas directas a las demandas de los manifestantes, que analizan la continuidad de las acciones de protesta si no se revisan las tarifas del combustible.
La medida podría formar parte del intento gubernamental por implementar políticas más sostenibles a mediano plazo, aunque enfrentan la resistencia de sectores afectados por el aumento súbito en los costos. El gobierno deberá gestionar un diálogo para equilibrar la estabilidad económica sin afectar la dinámica productiva del país.
