El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 contempla un aumento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que afectará a los precios de refrescos, bebidas azucaradas y cigarros en México. Esta medida, orientada a mejorar la salud pública, encarecerá estos productos desde el 1 de enero del próximo año. La aplicabilidad de este gravamen impactará de forma directa a grandes compañías en la industria de bebidas como Coca-Cola FEMSA y Arca Continental, las cuales deberán reconsiderar sus estrategias de precios y portafolio para mantener su competitividad en un escenario de ventas ya debilitadas.
La presión tributaria coincide con un contexto difícil para el consumo, afectado también por factores climáticos adversos, como las lluvias recientes que disminuyeron la demanda de bebidas refrescantes y cervezas, según reportes de FEMSA. Este descenso se refleja en una caída de las ventas en más de 22,000 tiendas Oxxo, propiedad de la empresa, y se extiende a pequeños comercios locales que enfrentan además inflación alta y costos asociados a prácticas ilícitas como el cobro de piso.
Expertos señalan que aunque históricamente el aumento de impuestos a estos productos no conduce a una reducción significativa en el consumo, sí provoca ajustes en los gastos familiares en otros rubros. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los hogares mexicanos destinan una proporción sustancial de su presupuesto trimestral a alimentos, bebidas y tabaco, que sobrepasa ampliamente otros gastos como los de salud.
El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), Cuauhtémoc Rivera, advierte que el nuevo impuesto aumentará la presión sobre la economía de los comercios de barrio, afectando sus márgenes y poniendo en riesgo la viabilidad del pequeño comercio. Además, cuestiona la efectividad del impuesto para cambiar hábitos de consumo, asegurando que “está probado que por la vía fiscal no se logra el tan anhelado cambio de hábito de consumo”, y señala que el gobierno federal está rompiendo un acuerdo previo de estabilidad fiscal al incorporar nuevos gravámenes.
Así, la medida propone un reto complejo para toda la cadena de valor, donde las grandes empresas tienen capacidad para absorber parte del impacto, pero los eslabones más pequeños, como las tiendas minoristas, podrían ser los más afectados en sus operaciones y rentabilidad.
